Puerto Rico no es Grecia (aunque se empeñen)

En los últimos meses la crisis económica que vive Puerto Rico viene acumulando titulares y cunden las comparaciones con Grecia o Detroit, pero aunque puedan encontrarse semejanzas, la situación de la isla caribeña tiene características propias y Puerto Rico solo se parece a si mismo.

Lo que la mayoría de los informes destacan es la debacle fiscal de proporciones inéditas que impide al país cumplir con las obligaciones contraídas con sus acreedores. Diversos factores han contribuido a que se haya acumulado una deuda pública de 73.000 millones de dólares que, sumada a los compromisos de sus sistemas de retiro y los costos del sistema de sanidad, se convierte en la astronómica cantidad de 167.500 millones de dólares, aproximadamente. Una cantidad que no se podrá satisfacer sin afectar adversamente las operaciones del Gobierno y los servicios a la ciudadanía. A principios de este mes Puerto Rico dejo de realizar varios pagos requeridos para amortizar parte de esa deuda, los correspondientes a una emisión de deuda de una de sus agencias públicas, la Corporación de Financiamiento Público (CFP). Por primera vez en 100 años una corporación publica dejo de pagar unos bonos. Quedaba demostrado, por si quedaba algún tipo de duda, lo que el gobernador del país, Alejandro García Padilla, reconocía públicamente unos meses antes, que las cuentas de la isla estaban en rojo.

Las dificultades fiscales del país, de 3,6 millones de habitantes, que desde 1898 está bajo la soberanía de Estados Unidos tiene en ascuas a los grandes acreedores de Puerto Rico. Desde individuos a aseguradoras, fondos de alto riesgo, cooperativas, bancos, instituciones eclesiásticas o planes de pensiones que tienen razones de sobra para ver peligrar ese dinero. Una coyuntura que ha obligado a los diferentes Ejecutivos del PPD (Partido Popular Democrático) a tomar medidas de austeridad desde 2009 que han conducido al despido de trabajadores, la modificación de planes de pensiones y recortes en los servicios públicos. Y también a que mas de 50,000 puertorriqueños abandonen anualmente la isla, en la que es la ola migratoria de isleños hacia el continente más grande del ultimo siglo, para procurar mejor porvenir en la Costa Oeste y el Sur, California, Texas y Florida – donde viven cerca de 300.000 puertorriqueños –.

Con todo lo que esto supone, la difícil situación fiscal en la que se encuentra la isla, a la que se suma una profunda recesión económica que ya lleva casi una década, es solo un síntoma de problemas estructurales mucho mas profundos, como es la carencia de un desarrollo económico endógeno sostenible. Una característica constante durante los 117 años que hace que España cediera la isla a los Estados Unidos tras la firma del Tratado de París. Aun en sus momentos de mayor crecimiento económico, entre 1950 y 1970, Puerto Rico – convertido en 1952 en Estado Libre Asociado – dependió excesivamente de la inversión extranjera, principalmente estadounidense, para crear empleos y generar riqueza, un dinero que en gran parte retornaba a su país de origen.

Desde hace tiempo, Puerto Rico también exhibe serios problemas sociales: un índice del paro del 12% (alto para el estándar norteamericano), una de las tasas de participación laboral más bajas del Hemisferio Occidental (el porcentaje de los mayores de 16 años que trabaja o busca trabajo es del 40%) y un alto índice de pobreza (45% de la población), además de un aumento importante de los niveles de criminalidad, sobre todo relacionada con el narcotráfico y la violencia en un país donde existe un millón de armas inscritas puesto que la Constitución de EEUU permite la libre tenencia de armamento.

Luego está el tema de la relación con Washington. Puerto Rico no es un Estado de la Unión, pero tampoco es un país soberano. La isla fue retirada de la lista de territorios coloniales de la ONU  mediante resolución de la Asamblea General en 1953, a raíz de aprobarse la constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en 1952 pero quedo plenamente subordinada a los poderes plenipotenciarios del Congreso, en franca contradicción de cualquier intención descolonizadora.

Esto significa que Puerto Rico ha de enfrentar sus crisis dentro de los parámetros fijados por la Constitución de Estados Unidos y la indiferencia de un Congreso estadounidense ante el cual la isla no tiene representación, salvo un delegado con voz pero sin voto. Muchas de esas determinaciones han contribuido a crear o profundizar las crisis recurrentes. Por ejemplo la norma que establece la prioridad al pago de la deuda publica en detrimento del interés ciudadano, la eliminación de la sección 936 o la llamada Ley Jones, que requiere que el cabotaje entre puertos estadounidenses sea realizado por barcos y tripulación estadounidenses, lo que encarece innecesariamente los costos de transporte por los casi 1600 km que separan su costa oeste de la costa suroeste de Florida, la más cercana de la zona continental de Estados Unidos. La crisis fiscal actual ha demostrado la necesidad de reformas sustantivas, que son poco probables, a las leyes estadounidenses que subordinan a la isla en tanto territorio no incorporado de Estados Unidos. Entre otras la que impide que Puerto Rico invoque la protección de la corte federal de quiebras (Capitulo 9) como hizo en su momento Detroit.

El delfault es una consecuencia más de un modelo que parece acabado. El mundo ha cambiado y Washington no puede seguir manteniendo el experimento constitucional que urdió a finales de la administración Truman, cuando la Unión Soviética y Estados Unidos se dividían el mundo. Difícilmente podrá las mas pequeña de las Antillas españolas  despegar económicamente ni encontrar su sitio en el tablero económico internacional, mientras no ejerza el control político sobre su economía, hoy sujeta al férreo marcaje del Congreso estadounidense.

La política migratoria suiza; Europa enfrentada a sus paradojas

El resultado se venía gestando fuera de sus fronteras, en pleno corazón de la UE. Suiza ha expresado en las urnas – en el ejercicio de su particular democracia directa. Un arma que muchos de sus defensores creen que conviene usar lo menos posible. Y si hay que desenvainarla, hacerlo con todo el cuidado. Para que no afecte a los derechos mas fundamentales – lo que otros países europeos llevan meses sugiriendo: que en tiempos de incertidumbre, primero los de casa.

La actitud hostil hacia los inmigrantes – incluidos los procedentes de otros países de la UE - se considero primero una excentricidad más de Reino Unido, otra bad joke de Cameron en su intento de debilitar el proyecto europeo. Poco a poco, Alemania, Holanda y Francia – la flor y nata del proyecto europeo – se sumaron a esa corriente que el politólogo Jean-Yves Camus ha denominado el ‘populismo de prosperidad’, es decir “un movimiento de egoísmo que se produce en una sociedad que goza de buena salud económica, pero que rechaza la sociedad multicultural y el compartir la torta”. Países ricos a los que la votación suiza enfrenta con sus propias contradicciones. Porque buena parte de los ciudadanos que viven y trabajan en Suiza son italianos, alemanes y franceses, lejos del estereotipo del comunitario de la Europa Oriental.

Las propuestas suizas son muy similares a las que ha planteado la ministra del Interior Theresa May – que sabe que solo puede alcanzar el liderazgo del partido, paso imprescindible en el camino hacia el 10 de Downing Street, cortejando a los antieuropeos – con el doble agravante de que en el caso británico ha sido el Ejecutivo el impulsor de la iniciativa – en el caso suizo fue promovida en solitario por la extrema derecha de la UDC (Unión Democrática de Centro/Partido Popular Suizo) - y que esta se dirigía contra inmigrantes de países de la propia Unión Europea.

Atrapado entre la espalda de los euroescépticos y la pared del UKIP (Partido por la Independencia del Reino Unido) de Nigel Farage, en el centro del debate político británico desde hace meses, Cameron intento que la Comisión Europea no levantara en enero de este año las ultimas restricciones que limitaban el derecho de búlgaros y rumanos a trabajar en Gran Bretaña. La propuesta que atentaba contra uno de los principios de la Unión Europea, la libertad de movimientos de sus ciudadanos, fue tajantemente rechazada por Bruselas, especialmente por Viviane Reding, vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaría de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía.

Pese a todo, Cameron ha logrado cambiar la legislación para restringir el acceso que tienen los extranjeros — comunitarios incluidos— a beneficios sociales como la atención sanitaria, la vivienda pública o las ayudas a los parados. Medidas como, por ejemplo, procurar el retorno a casa a los inmigrantes que no hayan encontrado trabajo en tres meses o que no tengan medios para subsistir durante seis meses o fórmulas como imponer restricciones al movimiento hasta que el PIB per cápita de un determinado país alcance un determinado porcentaje de la media europea fueron estudiadas por Downing Street, aunque finalmente descartadas porque hay un marco legal europeo que se ha de respetar. Y ahí es donde el UKIP – jaleado constantemente desde los tabloides mas hostiles a Bruselas – empieza su discurso contra la inmigración: todo es culpa de Europea.

Alemania ha mostrado en varias ocasiones su comprensión hacia las inquietudes británicas. A primeros de año y en una maniobra que recordaba la política del Gobierno británico, los democristianos de Baviera —el partido hermano de la CDU de la canciller Angela Merkel que gobierna en ese Estado y es socia en la gran coalición gubernamental en Berlín— redactaron un explosivo documento, en un lenguaje populista propio de los partidos de ultraderecha, en el que proponían medidas para restringir el acceso de los futuros inmigrantes al sistema social germano. Los socialdemócratas respondieron con dureza a la propuesta del partido que dirige Horst Seehofer y el Gobierno a tres bandas que aún no había cumplido un mes en el poder vivió su primera y peligrosa crisis interna.

No era la primera señal peligrosa que llegaba desde Berlín. El verano pasado y junto al Reino Unido, Holanda y Austria, Alemania  estampaba su firma para pedir a Bruselas que frenara lo que consideraban abusos de la libre movilidad. Hartos de agravios, algunos de los países que se sintieron indirectamente aludidos por las sospechas de abusos en el Estado de bienestar de la Europa más desarrollada decidieron responder. Poco antes de final de año, Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia enviaron una carta a sus socios comunitarios en la que recordaban que la riqueza generada por sus ciudadanos en territorio británico superaba con creces el gasto en prestaciones. Rumanía y Bulgaria apoyaron el escrito.

La Comisión Europea respondió con un estudio que desmontaba casi todos los mitos asociados a este derecho. Lejos de ser una marea, los inmigrantes comunitarios que no desarrollan ninguna actividad en sus países de acogida son entre el 0,7 y el 1% de la población de la UE, representan menos del 1% de aquellos que reciben ayudas públicas y el gasto sanitario destinado a comunitarios no activos es el 0,2% del presupuesto dedicado a la sanidad en el continente, el 0,01% del PIB comunitario.

La imagen de un parado de Europa del Este afincado en Londres, Ámsterdam o Berlín que frecuenta los servicios sociales sin aportar nada a cambio hace tiempo que está instalada en la mente de muchos europeos como ejemplo indeseado de la integración comunitaria. Y aunque los datos no respaldan ese cliché, a menos de tres meses de las elecciones al Parlamento Europeo, parece que los europeístas van a tenerlo muy difícil para hacerles cambiar de idea.

El sistema roto: Radiografía de la inmigración en Estados Unidos

En Estados Unidos, con una población de 315 millones de habitantes, residen actualmente 40, 4 millones de inmigrantes, según el análisis del Pew Research Center a partir del ultimo censo de población. Y que el centro de estudios ha publicado coincidiendo con el pacto entre demócratas y republicanos sobre la reforma migratoria. La cifra ha crecido de forma constante durante la ultima década y desde 2007 casi dos millones y medio de inmigrantes mas viven el país.

El estudio confirma también el aumento de la población indocumentada en la ultima década, hasta los 11 millones de personas. Una cifra que permanece estable desde hace dos años. La crisis económica en EEUU (que comenzó con el derrumbe de Lehman Brothers apenas unas semanas antes de las presidenciales del 2008) tuvo el efecto de redirigir los flujos migratorios hacia otros países como Australia, Corea del Sur o Canadá. Y la mejora de la coyuntura económica en algunos de los países de origen –especialmente de América Latina y el Caribe- y las medidas contra la inmigración ilegal llevadas a cabo por la Administración Obama - mucho mas dura que su predecesora- redujeron la entrada de inmigrantes en el país.

Barack Obama – un anti Rajoy que si sabe como emocionar a los ciudadanos- dedico su primer discurso del segundo mandato a defender la necesidad de una remodelación del modelo migratorio norteamericano. Una promesa incumplida de 2008, que puede convertirse en una de las mayores reformas del presidente, como ya lo fue la ley de reforma sanitaria aprobada en el 2010. En su alegato desde Las Vegas (Nevada) el presidente – que un día después repetiría prácticamente el mismo discurso en la cadena de televisión hispana Telemundo- recordó como Estados Unidos fue levantado por inmigrantes y afirmo que “salvo que ustedes sean indios-americanos, todos ustedes vienen de otro país” y las estadísticas le dan la razón. EEUU sigue siendo el país preferido para los emigrantes de todo el mundo, muy por delante de Rusia -segundo en la lista- que cuenta con mas de 12 millones de inmigrantes y donde a la sombra de un gobierno que se define como demócrata, ha ido creciendo un nacionalismo populista y xenófobo.

La población inmigrante de Estados Unidos, incluidos aquellos que no tienen papeles, suponen el 13 % de la población total del país. Un porcentaje inferior al de finales del siglo XIX y principios del XX, donde los habitantes nacidos fuera del país suponían el 15 % de la población, como consecuencia de una gran ola migratoria. Se calcula que entre 1880 y 1925 unos 25 millones de personas entraron en el país, especialmente europeos. A finales de los 60, los efectos del cambio legislativo en materia migratoria y la mejora de las condiciones de vida en Europa, marcan un punto de inflexión y los nuevos inmigrantes llegan especialmente de América Latina (el 50%) y de Asia (27%). México, China e India son los tres principales países de origen. Pero también hay un importante numero de personas que llegan desde Corea, Filipinas y Centroamérica según datos del Instituto de Política de Inmigración.

La población inmigrante se reparte de manera desigual en la geografía de los Estados Unidos y en solo seis estados – que  representan el 40% de la población norteamericana- viven el 65 % de las personas nacidas fuera del país. California es el estado con mayor numero de inmigrantes; 10 millones, el 27 % de sus habitantes. Y donde la población hispana será mayoría desde principios de 2014 según un informe del Departamento estatal de Finanzas publicado hace escasos días.

De manera desigual también, se reparte la población extranjera que ha obtenido la nacionalidad estadounidense en los últimos cuatro años. California, Florida y Nueva York son los tres estados que encabezan el ranking. Y el 14 % de los nuevos ciudadanos vivían en la ciudad de los rascacielos.

Uno de los temas mas debatidos en materia migratoria en la ultima década, ha sido sin duda, el futuro de los denominados dreamers (soñadores) como se les conoce a los cerca de dos millones de jóvenes sin papeles (la mayoría de origen hispano, sobre todo mexicanos) que se hubieran beneficiado de la ley Dream Act si los republicanos- con el apoyo de algunos demócratas-no la hubieran rechazado una y otra vez. Jóvenes entre 16 y 30 años que llegaron a los Estados Unidos siendo niños o adolescentes y en muchos casos, como recordó el propio Obama, “descubrieron que no eran ciudadanos a la hora de solicitar un trabajo”.

Su suerte cambiaria en el 2010, con la aprobación del programa de acción diferida (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA). Una orden ejecutiva de Obama que cancelaba cualquier orden de deportación pendiente sobre ellos y les concedía un permiso de trabajo temporal renovable, siempre que cumpliesen una serie de requisitos: Haber entrado en Estados Unidos antes de cumplir 16 años, tener cinco años de estancia consecutiva en el país desde el 15 de junio de 2007 o presentar pruebas de estar cursando estudios o enrolado en las fuerzas armadas entre otras.

Esta claro que con la reforma, que ha empezado ya a debatirse en el Subcomité de Inmigración de la Cámara de Representantes, las condiciones no deberían seguir siendo las mismas para estos jóvenes, ya que la amenaza de deportación no solo recae sobre personas individuales, sino que cambia la vida de familias enteras: Casi el 50 por ciento de los hispanos tienen un pariente indocumentado y casi un tercio de los que son deportados (millón y medio de personas en la primera legislatura de Barack Obama) tienen familiares estadounidenses.

Pero ni el futuro de los “soñadores” ni el de los 11 millones de indocumentados fueron el principal tema que trato el grupo bipartito en su primera reunión. El comité centro su discusión en cómo atraer a nuevos inmigrantes altamente cualificados y cómo facilitar la estancia de aquellos extranjeros que ya han estudiado en universidades norteamericanas, porque tanto demócratas como republicanos saben que el futuro económico de los Estados Unidos depende en gran parte de ellos.

El programa para trabajadores agrícolas, será otra de las grandes áreas, que centre la reforma. En los Estados Unidos hay cerca de tres millones de trabajadores agrícolas, el 80 % nacidos fuera del país y el 50 por ciento indocumentados. Mexicanos, hondureños o guatemaltecos obligados a trabajar en las peores condiciones y que carecen de las mínimas protecciones legales.

Hace escasamente un mes de la segunda investidura de Barack Obama como presidente de los Estados Unidos, en una ceremonia con marcado acento hispano. Fue la manera de Obama de agradecerles su apoyo en unas elecciones, donde el voto de las minorías – y especialmente el latino- fue decisivo para la victoria. Era la segunda oportunidad que le daban, de ser recordado en la historia, como el presidente que llevo a cabo la mayor reforma del sistema migratorio de los Estados Unidos. Esperemos que no les falle.

Francia, una Asamblea Nacional menos blanca

El 17 de Junio los franceses acudían a las urnas en la segunda ronda de las elecciones legislativas. Y se daban dos hechos contradictorios que reflejan la realidad de la Francia del siglo XXI.

Por un lado, la ultraderecha encabezada por Marie Le Pen; aunque ella ha fracasado en su intento, regresa a la Asamblea Nacional con dos diputados: una será Marion Mérechal Le Pen, nieta de Jean-Marie Le Pen y el otro el abogado Gilbert Collard. Un tercer diputado ultra se sentará en el legislativo francés, Jacques Bompart; aunque no en las filas de esa etiqueta política que se inventaron los ultras llamada Agrupación Bleu Marine. Estos es caños son el resultado del voto de esos franceses que siguen viendo a los inmigrantes y a los franceses hijos de inmigrantes como la causa de todos sus males. Como el chivo expiatorio de su miedo ante el paro, el deterioro de los servicios sociales o la inseguridad en las calles.

Por otro lado, algo muy importante se ha movido en dirección contraria. El espíritu con el que se identificó a la selección francesa ganador del Mundial de Futbol del 98, el “black, blanc, beur” ha aparecido en la Asamblea Nacional Francesa. Una docena de diputados y diputadas llevan apellidos de origen árabe o africano y el color blanco ya no es el único que se vera en las filas del hemiciclo. Malek Boutih responsable de SOS Racismo entre 1999 y 2003, Pouria Amirshahi iraní de nacimiento y responsable  de la cooperación dentro del Partido Socialista o Seybah Dagoma, adjunta del Alcalde de Paris y responsable de la economía social y solidaria, formarán parte desde ahora de el Palais Bourbon.

Esta es una Asamblea Nacional que refleja mucho mejor la realidad de Francia y más, teniendo en cuenta que todo estos diputados lograron sus escaños a través de listas abiertas, aunque hay que resaltar que bajo el paraguas de la izquierda y concretamente del PS. En este sentido hay que reconocer que los socialistas lo han hecho bien, apostando por la paridad de géneros y por la diversidad racial. Queda mucho trabajo por hacer en este campo, porque Francia sigue sin aceptar a sus hijos de piel oscura o a los que rezan cinco veces al día. El espíritu black, blanc, beur que ahora ha vuelto a aparecer, desapareció acabadas las celebraciones por la victoria en el mundial. Años después suburbios de muchas ciudades francesas ardieron, con la derecha provocando constantemente desde el poder a una juventud francesa de nacimiento pero que no se sentía tal, con falta de expectativas, reduciendo el presupuesto para las asociaciones que trabajan en los barrios y haciendo creer al país que inmigración y delincuencia eran la misma cosa.

La integración sigue sin producirse al día de hoy, el paro entre hijos de emigrantes es el triple del de los hijos de franceses de padres franceses, y la posibilidad de encontrar trabajo para ellos es mucho menor, independientemente de la titulación. El lema Liberté, Egalité y Fraternité no entra a la banlieue, los suburbios franceses a los que el gobierno de Hollande tendrá que presta la atención que no prestó Sarkozy. Un Sarkozy que ha optado estas legislativas por escorarse aun mas a la derecha y presentar un programa electoral calcado al de la ultraderecha. Y como yo siempre repito en estos casos, el electorado, entre el original y la fotocopia, siempre elige el original. Fruto de ese devenir a la derecha ha sido que en la bancada conservadora no haya diputados que refleje la diversidad de la sociedad francesa.

Aunque de haber sido francés mi opción política no hubiera sido la de los socialistas, es justo reconocerles que al menos en el campo de la diversidad y la integración han empezado a moverse, aunque sea tarde. Pero ya sabemos que los partidos siempre van por detrás de la sociedad. Unos mas que otros.