En los últimos meses la crisis económica que vive Puerto Rico viene acumulando titulares y cunden las comparaciones con Grecia o Detroit, pero aunque puedan encontrarse semejanzas, la situación de la isla caribeña tiene características propias y Puerto Rico solo se parece a si mismo.
Lo que la mayoría de los informes destacan es la debacle fiscal de proporciones inéditas que impide al país cumplir con las obligaciones contraídas con sus acreedores. Diversos factores han contribuido a que se haya acumulado una deuda pública de 73.000 millones de dólares que, sumada a los compromisos de sus sistemas de retiro y los costos del sistema de sanidad, se convierte en la astronómica cantidad de 167.500 millones de dólares, aproximadamente. Una cantidad que no se podrá satisfacer sin afectar adversamente las operaciones del Gobierno y los servicios a la ciudadanía. A principios de este mes Puerto Rico dejo de realizar varios pagos requeridos para amortizar parte de esa deuda, los correspondientes a una emisión de deuda de una de sus agencias públicas, la Corporación de Financiamiento Público (CFP). Por primera vez en 100 años una corporación publica dejo de pagar unos bonos. Quedaba demostrado, por si quedaba algún tipo de duda, lo que el gobernador del país, Alejandro García Padilla, reconocía públicamente unos meses antes, que las cuentas de la isla estaban en rojo.
Las dificultades fiscales del país, de 3,6 millones de habitantes, que desde 1898 está bajo la soberanía de Estados Unidos tiene en ascuas a los grandes acreedores de Puerto Rico. Desde individuos a aseguradoras, fondos de alto riesgo, cooperativas, bancos, instituciones eclesiásticas o planes de pensiones que tienen razones de sobra para ver peligrar ese dinero. Una coyuntura que ha obligado a los diferentes Ejecutivos del PPD (Partido Popular Democrático) a tomar medidas de austeridad desde 2009 que han conducido al despido de trabajadores, la modificación de planes de pensiones y recortes en los servicios públicos. Y también a que mas de 50,000 puertorriqueños abandonen anualmente la isla, en la que es la ola migratoria de isleños hacia el continente más grande del ultimo siglo, para procurar mejor porvenir en la Costa Oeste y el Sur, California, Texas y Florida – donde viven cerca de 300.000 puertorriqueños –.
Con todo lo que esto supone, la difícil situación fiscal en la que se encuentra la isla, a la que se suma una profunda recesión económica que ya lleva casi una década, es solo un síntoma de problemas estructurales mucho mas profundos, como es la carencia de un desarrollo económico endógeno sostenible. Una característica constante durante los 117 años que hace que España cediera la isla a los Estados Unidos tras la firma del Tratado de París. Aun en sus momentos de mayor crecimiento económico, entre 1950 y 1970, Puerto Rico – convertido en 1952 en Estado Libre Asociado – dependió excesivamente de la inversión extranjera, principalmente estadounidense, para crear empleos y generar riqueza, un dinero que en gran parte retornaba a su país de origen.
Desde hace tiempo, Puerto Rico también exhibe serios problemas sociales: un índice del paro del 12% (alto para el estándar norteamericano), una de las tasas de participación laboral más bajas del Hemisferio Occidental (el porcentaje de los mayores de 16 años que trabaja o busca trabajo es del 40%) y un alto índice de pobreza (45% de la población), además de un aumento importante de los niveles de criminalidad, sobre todo relacionada con el narcotráfico y la violencia en un país donde existe un millón de armas inscritas puesto que la Constitución de EEUU permite la libre tenencia de armamento.
Luego está el tema de la relación con Washington. Puerto Rico no es un Estado de la Unión, pero tampoco es un país soberano. La isla fue retirada de la lista de territorios coloniales de la ONU mediante resolución de la Asamblea General en 1953, a raíz de aprobarse la constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en 1952 pero quedo plenamente subordinada a los poderes plenipotenciarios del Congreso, en franca contradicción de cualquier intención descolonizadora.
Esto significa que Puerto Rico ha de enfrentar sus crisis dentro de los parámetros fijados por la Constitución de Estados Unidos y la indiferencia de un Congreso estadounidense ante el cual la isla no tiene representación, salvo un delegado con voz pero sin voto. Muchas de esas determinaciones han contribuido a crear o profundizar las crisis recurrentes. Por ejemplo la norma que establece la prioridad al pago de la deuda publica en detrimento del interés ciudadano, la eliminación de la sección 936 o la llamada Ley Jones, que requiere que el cabotaje entre puertos estadounidenses sea realizado por barcos y tripulación estadounidenses, lo que encarece innecesariamente los costos de transporte por los casi 1600 km que separan su costa oeste de la costa suroeste de Florida, la más cercana de la zona continental de Estados Unidos. La crisis fiscal actual ha demostrado la necesidad de reformas sustantivas, que son poco probables, a las leyes estadounidenses que subordinan a la isla en tanto territorio no incorporado de Estados Unidos. Entre otras la que impide que Puerto Rico invoque la protección de la corte federal de quiebras (Capitulo 9) como hizo en su momento Detroit.
El delfault es una consecuencia más de un modelo que parece acabado. El mundo ha cambiado y Washington no puede seguir manteniendo el experimento constitucional que urdió a finales de la administración Truman, cuando la Unión Soviética y Estados Unidos se dividían el mundo. Difícilmente podrá las mas pequeña de las Antillas españolas despegar económicamente ni encontrar su sitio en el tablero económico internacional, mientras no ejerza el control político sobre su economía, hoy sujeta al férreo marcaje del Congreso estadounidense.
