Chile y México a la cabeza de la desigualdad

El problema de sumarse a un club de ricos – aunque sea venidos a menos - cuando aún no se es rico es que en la comparación con los demás se acaba saliendo mal parado. Es lo que les ha sucedido a Chile y México en el informe "Panorama de la sociedad 2014" publicado recientemente por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)

Pese a que los únicos dos países latinoamericanos miembros de la OCDE se diferenciaron de los otros integrantes y, al igual que Latinoamérica en general, han logrado reducir la desigualdad de ingresos en el siglo actual, Chile sigue siendo el país de la OCDE con más desigualdades en los ingresos entre los ricos y los pobres, aunque también es uno de los que han corregido algo esa tendencia desde el comienzo de la crisis financiera en 2007 y México el segundo. Una prueba mas de que el crecimiento económico no asegura la distribución de la renta y la riqueza. El coeficiente Gini de desigualdad – que representa el nivel de distribución de ingresos, donde el 0 es que los ingresos y el consumo están distribuidos equitativamente entre toda la población, mientras el 1 representaría una situación hipotética en la cual sólo una persona posee toda la riqueza - es de 0,5 en Chile y 0,46 en México. En el extremo opuesto, los países con menos desigualdades son Islandia (0,24), Eslovenia (0,25), Noruega (0,25) y Dinamarca (0,25).  

Si comparan ambos países de la Alianza del Pacífico – a la que también pertenecen Colombia (0,53) y Perú (0,44) – con sus vecinos latinoamericanos, la situación no es tan dispar: Argentina (0,46) y Brasil (0,55), según el mismo informe. Ecuador esta en 0, 44, Uruguay en 0, 38, Venezuela en 0,4 y Paraguay en 0,54, según el Panorama Social 2013 de la Comisión Económica paraAmérica Latina y el Caribe (CEPAL)

Chile es de los países que más subió en ingreso per cápita y poder adquisitivo, pero sus cifras siguen muy por debajo del promedio de la organización y supone el 60 % del nivel medio. A una distancia de US$4.000 de Portugal, el país "más pobre" dentro de los desarrollados y que justamente por ocupar este último lugar, su nivel es considerado como el umbral de ingresos de un país desarrollado, meta que Chile aspira a lograr durante esta década. En la comparación latinoamericana, el país que ahora gobierna otra vez la socialista Michelle Bachelet – apoyada por una coalición de representantes que van desde la democracia cristiana, por el centro derecha, hasta los comunistas por la izquierda – esta primero. México que presenta el nivel de renta per cápita más bajo de la OCDE – un tercio de la media de la organización – ocupa el sexto puesto, por detrás de Uruguay, Venezuela, Brasil y Argentina según datos del Banco Mundial y la propia entidad.

En México, el gasto público en protección social es el más bajo de la OCDE: supone el 7,4% del PIB, frente al 21,9% de la media. En Chile asciende a un 10,2%, lo que le sitúa por detrás de países como Cuba (que ocupa el primer lugar), Venezuela, Costa Rica, Uruguay, Argentina y Brasil. De todos modos, la OCDE destaca que el aumento del gasto en protección social en Chile en los últimos años, ha sido sustancialmente mayor que la evolución de la media de sus miembros.

El informe de la OCDE lamenta la subida del paro en México en casi 2 puntos, de un 3,8% antes de la crisis mundial de 2008/2009 al 5,2% - unos 2,8 millones de personas – en 2013, aunque sigue siendo menor al 9,1% de la media de la organización. El pasado 18 de marzo el pleno de la Cámara de Diputados aprobó – con 287 votos a favor, 167 en contra y tres abstenciones – otra de las materias pendientes de México, el Seguro de Desempleo. La medida pretende acabar con la realidad de que México es el único país de los 34 miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sin este tipo de prestación. Para muchos expertos tan solo un cambio de rumbo de los fondos públicos, puesto que la subvención para los trabajadores que se queden sin empleo se creara a cambio de la disminución de otras ayudas ya existentes, entre otras las destinadas a la compra de vivienda. Y a la que no podrán acceder los 30 millones de personas que viven de la informalidad sin ningún tipo de seguridad jurídica ni sujetos al pago de impuestos.

En Chile el paro bajó del 6,7% al 6,2%, el segundo mayor descenso dentro de la organización en este periodo, solo superado por Israel, pero por encima de Guatemala, Ecuador o Panamá, los países que se mantienen con la menor tasa de desempleo de la región, por debajo del 5 por ciento y que junto a Brasil que terminó en 5,5%, son los cuatro que están técnicamente en una situación de pleno empleo. Y si Chile – donde el seguro es administrado por entidades publicas y privadas – encabeza la lista, junto a Uruguay y Costa Rica, del índice de trabajadores con cobertura sanitaria, México con el 47% cierra – junto a Ecuador y Paraguay – como  farolillo rojo de América Latina en cuanto a la protección en salud al trabajador.

Unos trabajadores para los que el salario medio real mejoro en un 3% en Chile – como en Brasil, Uruguay y Venezuela – y en menos de un 1% en México, al igual que en Colombia o Paraguay. En ambos países el salario mínimo creció por debajo del 5%, un 4,0% en Chile y un 1,5% en México, muy por debajo de 18,5%  de lo que lo hicieron en Bolivia o del 11% de Uruguay, pero por encima de la mayoría de los países europeos, donde hay casos como el portugués o el irlandés donde permanece congelado desde hace años, mientras crece el IPC, lo que supone una pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores.

La confianza en el Gobierno chileno cayo más que en el promedio de la OCDE entre 2010 logrado por un gobernante chileno. En México, la confianza en el Gobierno de Felipe Calderón fue cayendo según pasaban los años de su mandato (2006-2012) y acabo su sexenio con un 43% de popularidad. Con Peña Nieto en el poder la confianza de los mexicanos en el gobierno se ha desplomado a los niveles de 2008, cuando estalló la gran recesión y según las ultimas encuestas tan solo el 37 % de los ciudadanos confían en el presidente, que ha perdido una gran parte de la popularidad con la que llegó al Gobierno, y 2013, pasando de un 58% a un 32%, lo que supone también una comparación entre la primera administración de Bachelet y la del conservador Sebastián Piñera (2010-2014) que si bien acabo su mandado con un repunte de popularidad – acercándose al 50% - dista mucho de las alcanzada por la socialdemócrata al término de su gobierno: 84% de celebridad, el mayor registro jamás en diciembre de 2012. El uruguayo José Mujica, una verdadera luminaria internacional, no genera tanta devoción en su país y tras cuatro años en la Presidencia, su gestión es valorada positivamente por menos del 50% de la ciudadanía, índices parecidos a los de Cristina Kirchner y Dilma Rousseff, cuya forma de gobernar viene siendo muy cuestionada en las últimos meses.

En Chile, en medio de “una economía sana, una democracia estable y una ciudadanía empoderada y consciente de sus derechos” (Bachelet dixit) se desarrollaba un modelo de consumo y crecimiento, con escasa justicia social, del que millones de personas se sienten excluidas y que la nueva presidenta tendrá que cambiar en tan solo cuatro años. Una labor nada envidiable, aunque seguro que menos costosa que la tarea titánica de Peña Nieto para cerrar las brechas de la desigualdad económica y social de México.

La política migratoria suiza; Europa enfrentada a sus paradojas

El resultado se venía gestando fuera de sus fronteras, en pleno corazón de la UE. Suiza ha expresado en las urnas – en el ejercicio de su particular democracia directa. Un arma que muchos de sus defensores creen que conviene usar lo menos posible. Y si hay que desenvainarla, hacerlo con todo el cuidado. Para que no afecte a los derechos mas fundamentales – lo que otros países europeos llevan meses sugiriendo: que en tiempos de incertidumbre, primero los de casa.

La actitud hostil hacia los inmigrantes – incluidos los procedentes de otros países de la UE - se considero primero una excentricidad más de Reino Unido, otra bad joke de Cameron en su intento de debilitar el proyecto europeo. Poco a poco, Alemania, Holanda y Francia – la flor y nata del proyecto europeo – se sumaron a esa corriente que el politólogo Jean-Yves Camus ha denominado el ‘populismo de prosperidad’, es decir “un movimiento de egoísmo que se produce en una sociedad que goza de buena salud económica, pero que rechaza la sociedad multicultural y el compartir la torta”. Países ricos a los que la votación suiza enfrenta con sus propias contradicciones. Porque buena parte de los ciudadanos que viven y trabajan en Suiza son italianos, alemanes y franceses, lejos del estereotipo del comunitario de la Europa Oriental.

Las propuestas suizas son muy similares a las que ha planteado la ministra del Interior Theresa May – que sabe que solo puede alcanzar el liderazgo del partido, paso imprescindible en el camino hacia el 10 de Downing Street, cortejando a los antieuropeos – con el doble agravante de que en el caso británico ha sido el Ejecutivo el impulsor de la iniciativa – en el caso suizo fue promovida en solitario por la extrema derecha de la UDC (Unión Democrática de Centro/Partido Popular Suizo) - y que esta se dirigía contra inmigrantes de países de la propia Unión Europea.

Atrapado entre la espalda de los euroescépticos y la pared del UKIP (Partido por la Independencia del Reino Unido) de Nigel Farage, en el centro del debate político británico desde hace meses, Cameron intento que la Comisión Europea no levantara en enero de este año las ultimas restricciones que limitaban el derecho de búlgaros y rumanos a trabajar en Gran Bretaña. La propuesta que atentaba contra uno de los principios de la Unión Europea, la libertad de movimientos de sus ciudadanos, fue tajantemente rechazada por Bruselas, especialmente por Viviane Reding, vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaría de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía.

Pese a todo, Cameron ha logrado cambiar la legislación para restringir el acceso que tienen los extranjeros — comunitarios incluidos— a beneficios sociales como la atención sanitaria, la vivienda pública o las ayudas a los parados. Medidas como, por ejemplo, procurar el retorno a casa a los inmigrantes que no hayan encontrado trabajo en tres meses o que no tengan medios para subsistir durante seis meses o fórmulas como imponer restricciones al movimiento hasta que el PIB per cápita de un determinado país alcance un determinado porcentaje de la media europea fueron estudiadas por Downing Street, aunque finalmente descartadas porque hay un marco legal europeo que se ha de respetar. Y ahí es donde el UKIP – jaleado constantemente desde los tabloides mas hostiles a Bruselas – empieza su discurso contra la inmigración: todo es culpa de Europea.

Alemania ha mostrado en varias ocasiones su comprensión hacia las inquietudes británicas. A primeros de año y en una maniobra que recordaba la política del Gobierno británico, los democristianos de Baviera —el partido hermano de la CDU de la canciller Angela Merkel que gobierna en ese Estado y es socia en la gran coalición gubernamental en Berlín— redactaron un explosivo documento, en un lenguaje populista propio de los partidos de ultraderecha, en el que proponían medidas para restringir el acceso de los futuros inmigrantes al sistema social germano. Los socialdemócratas respondieron con dureza a la propuesta del partido que dirige Horst Seehofer y el Gobierno a tres bandas que aún no había cumplido un mes en el poder vivió su primera y peligrosa crisis interna.

No era la primera señal peligrosa que llegaba desde Berlín. El verano pasado y junto al Reino Unido, Holanda y Austria, Alemania  estampaba su firma para pedir a Bruselas que frenara lo que consideraban abusos de la libre movilidad. Hartos de agravios, algunos de los países que se sintieron indirectamente aludidos por las sospechas de abusos en el Estado de bienestar de la Europa más desarrollada decidieron responder. Poco antes de final de año, Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia enviaron una carta a sus socios comunitarios en la que recordaban que la riqueza generada por sus ciudadanos en territorio británico superaba con creces el gasto en prestaciones. Rumanía y Bulgaria apoyaron el escrito.

La Comisión Europea respondió con un estudio que desmontaba casi todos los mitos asociados a este derecho. Lejos de ser una marea, los inmigrantes comunitarios que no desarrollan ninguna actividad en sus países de acogida son entre el 0,7 y el 1% de la población de la UE, representan menos del 1% de aquellos que reciben ayudas públicas y el gasto sanitario destinado a comunitarios no activos es el 0,2% del presupuesto dedicado a la sanidad en el continente, el 0,01% del PIB comunitario.

La imagen de un parado de Europa del Este afincado en Londres, Ámsterdam o Berlín que frecuenta los servicios sociales sin aportar nada a cambio hace tiempo que está instalada en la mente de muchos europeos como ejemplo indeseado de la integración comunitaria. Y aunque los datos no respaldan ese cliché, a menos de tres meses de las elecciones al Parlamento Europeo, parece que los europeístas van a tenerlo muy difícil para hacerles cambiar de idea.

Violencia en México. Más allá de Michoacán

Hace tiempo que viene acaparando titulares en la prensa mexicana e internacional, pero Michoacán no es un caso aislado. La fuerza del crimen (en todas sus variantes), la debilidad de las instituciones y una conflictividad social de muy diferentes causas mantienen algunas zonas de México en estado de ebullición. 

En el vecino Estado de Guerrero, uno de los más pobres del país, la violencia se ha vuelto costumbre y el gobierno encabezado por Ángel Aguirre Rivero (que entre1996-1999 gobernó con el PRI y lo hace ahora con el izquierdista PRD) tiene numerosos frentes abiertos. Grupos de autodefensa vecinales (presentes en 46 de los 81 municipios del Estado según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México) paramilitares (protegidos por autoridades civiles y militares que sirven a empresas, caciques o partidos políticos) la actividad de diferentes carteles de narcotraficantes y las protestas de los maestros en contra de una reforma educativa que constituye uno de los puntales del Pacto por México – el país ocupa uno de los últimos puestos del informe PISA sobre educación – han generado una situación que se puede calificar de desgobierno, si no de verdadero Estado fallido.

En Acapulco, el que fuera refugio vacacional de artistas de Hollywood a mediados de siglo XX y capital económica del Estado, diversos grupos del crimen organizado (el cartel independiente de Acapulco, la familia Michoacana, el cartel de Jalisco Nueva Generación, la barredora…) libran desde el 2005 una guerra de todos contra todos, que alienta a su vez la delincuencia común como se ha visto en los últimos meses con los ataques a turistas. La violación de seis españolas en febrero del año pasado convirtió el crimen en un escándalo internacional y fue todo un golpe a las aspiraciones del presidente municipal Luis Walton (del Movimiento Ciudadano, con 20 diputados, quinta fuerza política del país) de que el destino turístico mexicano más conocido en el mundo recuperara sus días de esplendor. 

El Estado de Tamaulipas, en el golfo de México, limítrofe con el estado norteamericano de Texas vive desde hace cuatro años una guerra abierta entre los carteles del Golfo y de los Zetas por el control de una de las principales puertas de entrada de droga a Estados Unidos. La violencia que vive el Estado no es más que un reflejo de la situación en otros muchos puntos del país que sufre la lucha encarnizada de los carteles de la droga por el control de la ruta de la droga que se vende al otro lado de la frontera y expresa la complejidad del conflicto que se vive en México.

La total impunidad con la que los criminales operan en la región – la pérdida de control territorial de las instituciones en algunas zonas, del monopolio de la violencia – y la corrupción generalizada – con tres exgobernadores priistas acusados por la Procuraduría General de la República (PGR) de lavado de dinero y delincuencia organizada – impiden cualquier amago de cohesión social y política del Estado mas opaco de México. Y las propias agencias de la ONU han dejado de trabajar allá porque no pueden garantizar la seguridad de sus operadores. 

Trabajar como periodista en México puede ser una cosa de vida o muerte, sobretodo si se vive y trabaja en Veracruz, una región clave para México por población – casi 8 millones de habitantes – y economía – representa el 6% del PIB nacional – donde 10 profesionales han sido asesinados –crímenes  que en la mayoría siguen sin resolverse – y cuatro han desaparecido desde la llegada del priista Javier Duarte a la gobernatura del Estado el 1 de diciembre de 2010. La impunidad que se da en el Estado Oriental es el sustrato en el que se mueven las bandas criminales y las autoridades para acallar a la prensa, especialmente el “gobernador”.

Un líder cuya gestión esta siendo muy polémica, empañada por presuntos actos de corrupción – el año pasado fue acusado por el Partido Acción Nacional de dirigir una operación para favorecer electoralmente al Partido Revolucionario Institucional (PRI) que apunto estuvo de acabar con el Pacto con México – su obsesión por los usuarios de las redes sociales – su gobierno intentó procesar judicialmente a un profesor y una periodista, bajo la acusación de ciberterrorismo (habían emitido mensajes en Twitter y Facebook sobre supuestos ataques de criminales a colegios) – y la violencia generalizada, en uno de los Estados más castigados por el crimen organizado en los últimos años.

Desde que en 2006 Felipe Calderón decidiera hacer del combate al narco su estrategia de legitimación, México acumula mas muertos que 10 años de guerra en Vietnam – setenta mil – y los capos son hoy más poderosos que nunca. Carteles que en su guerra por el control del negocio del tráfico de droga se han ido desplazando de un Estado a otro – del norte hacia el centro del país – en función de sus victorias y derrotas. Lugares como Ciudad Juárez, Tijuana y Monterrey, ya no ocupan los primeros puestos de la lista de homicidios. 

La violencia no cesa, solo se mueve y ahora es Michoacán  quien ocupa las primeras páginas de la prensa mundial. Centrado en las reformas económicas – un ambicioso paquete de cambios que incluía una mas que controvertida privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex) – Peña Nieto quitó de sus prioridades el combate al crimen organizado y el conflicto entre narcos y las autodefensas y el aumento de los secuestros y la extorsión han marcado el primer año de mandato del presidente en Los Pinos.

Hace poco mas de una semana que Peña Nieto anunciaba un plan de rescate de 45.500 millones de pesos (3.400 millones de dólares que se divide en cinco ejes – economía, educación y cultura, infraestructura, salud y desarrollo social – que en conjunto suman 250 acciones para intentar reinventar Michoacán. Un Estado fallido que representa la suma de todos los fracasos del Estado mexicano para enfrentarse al crimen organizado, donde los narcotraficantes detentan y ejercen el poder fáctico y “talón de Aquiles” de la tan elogiada internacionalmente agenda de reformas del presidente. 

El Estado estaba obligado a intervenir ya, México necesitaba recuperar el monopolio de la violencia legítima en los territorios conflictivos y Michoacán (el plan "Juntos lo vamos a lograr”) puede resultar un buen comienzo